Una empresa que desarrolla tecnología propia soporta un coste que la Hacienda española está dispuesta a compensar en buena parte. El artículo 35 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades recoge un conjunto de deducciones que, bien aplicadas, reducen la cuota a pagar, se arrastran a ejercicios futuros o se cobran directamente de la Administración. La cuantía final depende de cómo se planifique el proyecto desde el primer día, mucho más que de lo que se haga al cerrar las cuentas.
Dos actividades, dos tratamientos
La normativa distingue entre investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (iT). La primera busca nuevos conocimientos o su aplicación para crear o mejorar de forma sustancial productos, procesos o sistemas. La segunda exige un avance tecnológico en productos o procesos nuevos o sustancialmente mejorados. Esa frontera condiciona el porcentaje aplicable y también la defensa del proyecto ante una comprobación.
La Agencia Tributaria recuerda que una mejora funcional, un rediseño comercial o la incorporación de tecnología estándar no cumplen por sí solos los requisitos. Para calificar una actividad hacen falta incertidumbre técnica, novedad, un método científico-tecnológico y resultados que puedan demostrarse. Muchas empresas arrastran de aquí su principal vulnerabilidad: etiquetan como I+D lo que es desarrollo rutinario, mantenimiento o integración de piezas ya existentes.
Los porcentajes que mueven la cifra
En I+D, la deducción general alcanza el 25% de los gastos elegibles del ejercicio. Si el gasto supera la media de los dos años anteriores, el exceso sube al 42%. A ello se suma un 17% adicional sobre los costes de personal investigador cualificado dedicado en exclusiva a estas tareas. En innovación tecnológica el porcentaje es del 12%, aplicable a gastos como el diagnóstico tecnológico, el diseño industrial, la ingeniería de procesos, la certificación de normas de calidad o la compra de tecnología avanzada.
Un ejemplo ayuda a dimensionarlo. Una startup que destine 500.000 euros a I+D en 2026, sin gastos comparables en 2024 y 2025, parte de una base de deducción de 125.000 euros, antes de valorar el complemento por personal investigador y los límites legales. La adquisición de patentes, licencias, know-how y diseños tiene un tope de un millón de euros en su base, y las cantidades pagadas a entidades vinculadas quedan fuera.
Límites y descuento del 20%
Estas deducciones están sometidas, con carácter general, a los límites conjuntos del artículo 39.1 de la LIS. Las entidades sujetas al tipo general pueden excluirlas de esos límites si aceptan un descuento del 20% sobre su importe. Con esa opción, el tope es de un millón de euros anuales para innovación tecnológica y de tres millones por todos los conceptos, y ambos se miden a nivel de grupo, con independencia de la residencia de las sociedades y de la obligación de consolidar.
Existe además una vía para las compañías muy intensivas en investigación. Cuando los gastos de I+D superan el 10% de la cifra neta de negocios, la deducción puede aplicarse o abonarse con el mismo descuento hasta un importe adicional de dos millones de euros. Decidir entre el régimen general y la opción del descuento exige simular varios ejercicios, porque lo que se pierde en porcentaje se recupera en plazo y certeza de cobro.
Cobrar en lugar de esperar
Cuando la cuota íntegra no basta para absorber la deducción, el remanente puede trasladarse a declaraciones posteriores dentro del plazo legal. Para una empresa con pérdidas, que puede tardar años en generar beneficio, esa espera resta valor al incentivo. De ahí el interés del abono: en determinados supuestos se puede solicitar a la Administración el pago de la deducción, aplicando el descuento del 20% cuando corresponda. Para una startup, esa liquidez anticipada puede financiar la siguiente fase de desarrollo.
Seguridad jurídica antes de la inspección
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emite informes motivados vinculantes que obligan a la AEAT en la calificación de un proyecto, o de las actividades de una anualidad, como I+D o innovación tecnológica. Su solicitud es voluntaria. La empresa puede aplicar la deducción mientras el informe está pendiente, aunque obtenerlo antes reduce de forma notable el riesgo de discrepancia en una futura comprobación. Para los proyectos de mayor cuantía o de calificación dudosa, el trámite compensa el esfuerzo.
La defensa de cualquier deducción descansa en la documentación: objetivos técnicos e incertidumbres de partida, estado del arte y alternativas evaluadas, plan de trabajo con hitos, ensayos y prototipos, imputación horaria del personal, facturas y contratos con universidades, centros tecnológicos y proveedores, además de versiones de software y resultados de pruebas. Reunir ese material al ritmo del proyecto cuesta mucho menos que reconstruirlo tres años después.
Ayudas públicas y financiación europea
La deducción fiscal convive con las ayudas públicas, con una condición: la base de deducción debe minorarse en las subvenciones y demás incentivos recibidos por la misma actividad. Ignorar esa regla produce dobles beneficios y regularizaciones. La coordinación afecta tanto al CDTI, que financia proyectos de I+D y gestiona programas de cooperación tecnológica internacional como EUREKA, IBEROEKA y PRIMA, como a las subvenciones de Horizonte Europa.
En el plano comunitario, el Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación admite apoyo a proyectos de I+D, estudios de viabilidad, infraestructuras de investigación y ensayo y actividades de innovación, siempre dentro de las intensidades máximas y las condiciones de compatibilidad. Una compañía que combine un préstamo del CDTI, una subvención europea y la deducción fiscal sobre el mismo proyecto debe diseñar esa arquitectura desde el principio, porque cada fuente condiciona el importe que puede reclamarse a las demás.
Errores que encarecen el incentivo
Entre las incidencias más habituales figuran la asignación errónea de personal, la falta de trazabilidad de horas, la inclusión de gastos no elegibles y la doble contabilización de importes ya financiados con ayudas. Los equipos que evitan estos fallos suelen compartir unas costumbres: mantienen un inventario de proyectos, documentan la metodología, revisan cada año la elegibilidad de los gastos y someten los proyectos a revisión técnica y fiscal antes del cierre del ejercicio.
¿Qué hacer ahora?
Antes de cerrar el ejercicio 2026, haga un inventario de los proyectos con incertidumbre técnica real y pídenos una simulación comparada del régimen general y de la opción del descuento del 20%. Con esos datos, podrás decidir qué proyectos merecen un informe motivado vinculante. Además podrás revisar la compatibilidad con cualquier ayuda recibida. Esa revisión, hecha a tiempo, determina cuánto del gasto en innovación vuelve a la empresa y con qué garantías. Si necesitas asesoramiento personalizado, contacta con nosotros.
