La AEI abre hasta el 26 de octubre la convocatoria que financia cuatro años de contrato a un doctorando dentro de la empresa. No es dinero europeo, aunque a menudo se confunda, y exige mucho más que buena letra en el formulario.
Hay una confusión entre algunas empresas y es creer que los Doctorados Industriales son una convocatoria de la Unión Europea. No lo son. La ayuda la gestiona la Agencia Estatal de Investigación (AEI), depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se enmarca en el PEICTI 2024-2027. En este sentido las normas comunitarias de ayudas de Estado fijan cuánto dinero público puede recibir una compañía y por qué conceptos.
El plazo está abierto desde el 30 de septiembre y se cierra el 26 de octubre. El presupuesto total para 2026 asciende a ocho millones de euros, repartidos en concurrencia competitiva: cumplir los requisitos abre la puerta, pero no garantiza entrar.
Un contrato, un proyecto y una tesis
Quien lea la convocatoria como una simple ayuda a la contratación se equivoca de lleno. Lo que se financia es un conjunto indivisible: una persona investigadora predoctoral contratada a jornada completa durante cuatro años, un proyecto de investigación industrial o desarrollo experimental y una tesis doctoral que contribuya de forma sustancial a ese proyecto. Si una de las tres piezas cojea, la propuesta se resiente.
La beneficiaria es la empresa, no el doctorando ni la universidad. Pueden concurrir compañías de cualquier tamaño, incluidas spin-off y Jóvenes Empresas Innovadoras, además de ciertas entidades sin ánimo de lucro y administraciones que no tengan la I+D+i como actividad ordinaria. Basta con residencia fiscal o establecimiento permanente en España, de modo que una empresa malagueña compite en igualdad de condiciones con una madrileña o una vasca. El doctorado, eso sí, debe cursarse en una universidad española, pública o privada.
En este aspecto, la AEI quiere incertidumbre tecnológica de verdad. Las modificaciones rutinarias de un producto, la consultoría habitual o los desarrollos incrementales sin salto técnico acreditable quedan fuera. Un evaluador distingue enseguida entre quien resuelve un problema que nadie ha resuelto y quien adapta lo que ya sabe hacer.
Cuánto se paga y cuánto no
El coste anual máximo financiable del contrato es de 34.400 euros, sumando salario bruto y cuota empresarial a la Seguridad Social, y la retribución mínima exigida es de 25.400 euros brutos al año. Si la empresa paga más, el exceso corre de su cuenta.
A ese contrato se añaden una ayuda única de 8.500 euros por persona para movilidad, hasta 40.000 euros por proyecto en otros gastos de ejecución y 1.500 euros para la matrícula doctoral. La convocatoria reserva además hasta 371.000 euros para contratar a personas con una discapacidad igual o superior al 33%.
La subvención nunca cubre el cien por cien. La intensidad depende del tamaño de la empresa y de cómo se clasifique el proyecto. Con los porcentajes de la convocatoria anterior, que habrá que contrastar con la documentación definitiva de 2026, una pequeña empresa con un proyecto de investigación industrial recibiría el 70%; con desarrollo experimental, el 45%. En una gran empresa los porcentajes bajan al 50% y al 25%, respectivamente.
Un ejemplo ayuda a verlo. Una pyme que presente 34.400 euros anuales de coste financiable en un proyecto de investigación industrial obtendría 24.080 euros al año, es decir, 96.320 euros en los cuatro años solo por el contrato. El resto, y todo lo que supere los máximos elegibles, lo pone la empresa. De ahí que etiquetar el proyecto como investigación industrial por pura conveniencia sea una mala idea: la memoria tiene que sostener esa naturaleza con estado del arte, hipótesis y resultados esperados. Una diferencia de veinticinco puntos de intensidad merece una justificación a la altura.
Lo que decide una candidatura
La evaluación premia la calidad científico-técnica, la viabilidad del plan, el perfil del candidato, la capacidad del responsable en la empresa y el potencial de formación y transferencia. Traducido: no basta con decir que la solución es innovadora. Hay que demostrarlo con un estado del arte exhaustivo, preguntas de investigación explícitas, métricas reproducibles y un cronograma a 48 meses con hitos, dependencias y riesgos identificados.
Los fallos habituales se repiten año tras año: presentar ingeniería rutinaria como I+D, confundir la tesis con un plan de desarrollo de producto sin pregunta científica ni aportación original, o escribir en clave de mercado sin una metodología experimental que lo respalde. Otro clásico es no explicar cómo convivirán la confidencialidad empresarial, las publicaciones académicas y la protección de resultados. Y queda el efecto incentivador: la empresa debe dejar claro que, sin la ayuda, esa actividad de I+D sería menor o no existiría.
Aquí la universidad pesa más de lo que parece. Formalizar la matrícula no basta; lo recomendable es cerrar antes de la solicitud un acuerdo entre empresa, universidad y, en su caso, el grupo colaborador que fije quién dirige o codirige la tesis, a qué instalaciones y datos se accede, cómo se reparten la titularidad y la explotación de los resultados y qué ocurre con las publicaciones y las patentes.
Papeleo, plazos y compatibilidades
La solicitud se presenta por vía electrónica a través del representante legal, y la entidad debe estar dada de alta en el Sistema de Entidades de la AEI, con su representante acreditado en el Registro Unificado de Solicitantes. Rellenar el formulario no equivale a presentarlo: sin firma electrónica y registro efectivo, la solicitud no existe. La memoria y los currículos pueden redactarse en español o en inglés, y la AEI aconsejaba el inglés en la convocatoria anterior.
Falta mirar la letra pequeña de las compatibilidades. La ayuda se somete a las reglas de acumulación de ayudas de Estado, y su convivencia con las deducciones fiscales por I+D+i, las bonificaciones a la Seguridad Social del personal investigador, las ayudas autonómicas, el CDTI o los fondos FEDER no se puede dar por supuesta ni descartar de entrada. Depende de no financiar dos veces el mismo coste y de no rebasar las intensidades máximas. La recomendación de los especialistas es trazar un mapa de costes e incentivos antes de solicitar y repasarlo antes de ejecutar. Y recordar que las publicaciones y tesis derivadas deberán citar la financiación MICIU/AEI con su referencia de actuación.
Aún estás a tiempo, si quieres presentar tu propuesta, te ayudamos.