El FTJ es un elemento clave del Pacto Verde Europeo y el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa (los otros dos pilares serían: el programa InvestEU, mecanismo de préstamo para el sector público con el Banco Europeo de Inversiones).

La finalidad del FTJ es reducir los costes sociales y económicos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra, gracias a una amplia gama de actividades centradas en diversificar la economía y ayudar a las personas a adaptarse a un mercado laboral cambiante.

La finalidad, por tanto, del Fondo de Transición Justa se vertebra en establecer apoyo a las inversiones productivas, en la creación de nuevas empresas, en dar sostén a la rehabilitación medioambiental, y en contribuir en la asistencia a la formación y el reciclaje de los trabajadores.

Más concretamente, el Fondo de Transición Justa busca fomentar el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, mediante el impulso y desarrollo de infraestructuras y proyectos para la restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

Estos Fondos se articulan esencialmente para apoyar territorios afectados por la transición a la neutralidad climática y evitar el aumento de las disparidades regionales, y serán los propios Estados miembros quienes se encargarán de delimitar cuáles son los territorios elegibles a través de planes de transición territoriales específicos (gestión compartida).

Estos planes territoriales señalarán las áreas concretas de intervención, sobre la base de las repercusiones económicas y sociales derivadas de la transición.

El Fondo de Transición Justa en España

En España, ya se están realizando las primeras actuaciones en las zonas mineras españolas de Castilla-León y Asturias, acciones encaminadas a la mejora de infraestructuras, la optimización de eficiencia energética en instalaciones, así como la restauración y la mejoras en la recuperación de zonas degradadas.

Hay que tener en cuenta que los criterios de asignación se decidirán a tenor de las emisiones industriales en regiones con mayor intensidad de dióxido de carbono, el empleo en la industria y en la minería del carbón y del lignito, la producción de turba y de esquisto bituminoso, y según el desarrollo económico.

Y es que, tal y como refleja el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, los Convenios de Transición Justa van a constituir una de las herramientas más importantes del plan de transición ecológica del Gobierno de España.

España recibiría 1.806 millones constituyéndose como el octavo país que más ayudas recibirá para realizar la transición energética de las regiones más ancladas a actividades económicas llamadas a desaparecer.

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